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ejos de rehabilitar a exguerrilleros, el controversial acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha preparado el camino para la impunidad y una toma marxista del país.

El régimen especial creado para desmovilizar combatientes que lleva el nombre de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto una caja de pandora. Desde la firma del acuerdo en 2016, la izquierda colombiana ha estado corrompiendo las cortes de la JEP, las cuales ofrecen privilegios como sentencias sin cárcel a exguerrilleros y oficiales armados que cooperen con investigaciones.

El más reciente ejemplo viene de un informe publicado por la Fiscalía General el 15 de diciembre. Este documento revela que exguerrilleros de las FARC han estado otorgando privilegios de la JEP a líderes de otras organizaciones criminales.

El informe incluye la transcripción de una llamada telefónica que pone al descubierto vínculos entre Rodrigo Granda, excomandante de las FARC, y Viviana López Calle, cabecilla de una organización dedicada al tráfico de armas.

El informe sugiere que Granda, quien antes había negado cualquier relación con López Calle, se las arregló para incluirla en la lista de excombatientes de las FARC, pese a que nunca lo fue.

El traficante de droga rehabilitado

Granda no es el único en tomar ventaja del acuerdo de paz que el Congreso colombiano aprobó en 2016, luego de que la mayoría de colombianos lo rechazara en un referéndum.

Los políticos de izquierda y funcionarios de la JEP están tratando de desestimar los cargos en contra de Jesús Santrich, exmiembro de las FARC que se volvió congresista (el frente de las FARC se convirtió en partido político en 2017). Santrich perdió su curul en el Congreso este año, después de ser capturado por traficar cocaína y huir a Venezuela.

En 2018, las autoridades colombianas grabaron conversaciones entre Marlon Marín, sobrino de un comandante activo de las FARC, y Santrich. Ellos discutían sobre una entrega de droga al cártel de Sinaloa que tenía como destino Estados Unidos.

En un esfuerzo conjunto con las autoridades colombianas, oficiales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se hicieron pasar por narcotraficantes para acordar la entrega de diez toneladas de cocaína por Santrich.

El acuerdo se llevó a cabo, y Santrich automáticamente se convirtió en un criminal sin derecho a los beneficios de la JEP.

En abril de 2018, la Policía colombiana arrestó a Santrich por petición de extradición de la embajada de Estados Unidos, acusándolo con cargos de narcotráfico. Santrich se declaró inocente e inició una huelga de hambre.

Inexplicablemente, la JEP declaró que la acusación carecía de evidencia y dejó libre a Santrich a mediados de 2019. Luego él escapó a Venezuela, donde ha estado escondiéndose desde entonces bajo la protección del dictador Nicolás Maduro.

Surrealismo marxista

La izquierda colombiana, por su parte, da a Santrich cobertura política y mediática, asegurando que la operación fue ilegal.

Iván Cepeda, Gustavo Petro, Roy Barreras y Antonio Sanguino —congresistas de los partidos FARC y Colombia Humana— están tratando de convencer a los colombianos de que el operativo de inteligencia fue un entrampamiento. No consideran en sus argumentos que la operación cumplió con las leyes de ambos países y que no ha recibido impugnación legal alguna.

La evidencia está clara para todo el que quiere ver. Marlon Marín, quien fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, testificó que él y Santrich coordinaron la entrega de cocaína al cártel de Sinaloa. También confirmó que era Santrich quien discutía sobre el negocio de la droga en las grabaciones que las autoridades colombianas encontraron en 2018.

Los esfuerzos por librar a Santrich de toda culpa son surreales. Los simpatizantes de las FARC afirman que la DEA y el fiscal general colombiano conspiraron para persuadir a que el excombatiente envíe toneladas de cocaína a Estados Unidos.

De acuerdo con Gustavo Petro e Iván Cepeda, Santrich se encontró con el agente encubierto de la DEA para discutir sobre poesía y el lanzamiento de su nuevo libro. Sin embargo, las grabaciones de primera mano son suficientes para descartar el argumento de entrampamiento.

Los apologistas de Santrich desestiman el testimonio de Marín en Estados Unidos como un supuesto esquema conspirativo de los conservadores para destruir el acuerdo de paz. Ahora califican a Marín de traidor.

La estrategia de Santrich es una treta izquierdista bien conocida: arrastrar el caso al entorno de la política. Los líderes marxistas luego pueden tomar ventaja de sus aliados en los medios y llevar a la opinión pública hacia el otro bando.

No se confundan. La izquierda colombiana no está buscando la paz; su objetivo es socavar las instituciones republicanas y el imperio de la ley. Esto ha estado claro desde que el anterior gobierno de Juan Manuel Santos impuso un acuerdo a los colombianos al cual no pudieron negarse. Quien se ha atrevido a señalar sus falencias ha sido catalogado como enemigo de la paz y, consecuentemente, una amenaza a la seguridad nacional.

Para el abogado Jaime Arizabaleta, “Pocas veces la connotada estrategia de los comunistas para hacerse al poder ha sido tan bien aplicada como en la Colombia actual. Hoy, gracias al pacto entre Santos y FARC, el país, además de contar con una FARC armada y una FARC política, debe lidiar con una creciente FARC al interior de la Unidad Nacional de Protección”, una entidad del gobierno encargada de proteger a los insurgentes desmovilizados.

Por décadas, las guerrillas marxistas han intentado infiltrarse en la Justicia y la Policía colombiana. Las Farc, bendecidas por la élite política como parte de ellos, han entrado por la puerta principal.

Los líderes socialistas, los funcionarios de la JEP y los miembros de las FARC han convertido al sistema judicial colombiano en un show político, distorsionando hechos para asegurar impunidad a sus amigos y mantener intacta la floreciente industria de la cocaína.

Los colombianos deben darse cuenta de la farsa y demandar rendición de cuentas y transparencia absoluta antes de que la profana alianza del socialismo y el crimen organizado controlen su país.

Paula Gaviria, desde Colombia, contribuyó a este artículo.

Paz Gómez

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