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El lunes 2 de noviembre el Diario Oficial de Guatemala publicó el acuerdo ministerial 231-2020 que autorizaba a la entidad extranjera no lucrativa, Planned Parenthood Global Guatemala LLC, a establecer una sucursal en el país. Se instruía la inscripción de la entidad extranjera y de la representación legal respectiva en Registro de las Personas Jurídicas (REPEJU).

Ante el rechazo de la población guatemalteca a esta ONG, conocida por promover el término del embarazo en EE. UU. y otros países, el miércoles 4 de noviembre y por instrucciones del presidente Alejandro Giammattei, fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo ministerial 385-2020 que deroga la autorización a esta organización de operar en el país.

Contenido

  • ¿Cómo llegó Planned Parenthood a Guatemala?
  • ¿Por qué existe rechazo a Planned Parenthood en Guatemala?
  • ¿Quiénes se opusieron a su llegada a Guatemala?
  • ¿Fue correcta la actuación del presidente y por qué es importante la Ley de ONG?

¿Cómo llegó Planned Parenthood a Guatemala?

Planned Parenthood Global Guatemala se constituyó como una entidad de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) en el estado de Delaware, Estados Unidos, el 11 de julio de 2017. El expediente de la compañía figura con el número 6474249. En Guatemala, se constituyó el 4 de febrero y 14 de agosto de 2018 mediante Escritura Pública de Protocolización número 4, 25 y 26 del notario Alejandro Del Valle Porres.

Las entidades extranjeras de carácter no lucrativo que se constituyen en Guatemala son inscritas en el REPEJU previa autorización del Ministerio de Gobernación y de un dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN). El trámite de su inscripción pasó desapercibido hasta que se publicó el acuerdo ministerial en el Diario Oficial.

La fundación conservadora estadounidense Heritage presentó un reporte en 2020 que indica que Planned Parenthood rompió su récord de abortos registrados en Estados Unidos en un año: 345.672 del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018.

Planned Parenthood, en la sección “dónde trabajamos” de su página web, indica que su presencia en Guatemala es a través de APROFAM, una asociación sin fines de lucro “con más de 40 años de experiencia [y] el proveedor—no gubernamental—de salud sexual y reproductiva más grande en Guatemala”. APROFAM no realiza abortos, pues son ilegales en casi todos los casos en Guatemala.

¿Por qué existe rechazo a Planned Parenthood en Guatemala?

La legislación guatemalteca protege la vida desde su concepción y castiga penalmente el aborto. El artículo 3 de la Constitución de Guatemala dice: “El Estado garantiza y protege la vida desde su concepción”. Por su parte, el Código Penal penaliza el aborto con la excepción del aborto terapéutico, cuando la vida de la madre está en peligro.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Guatemala rechaza a una institución abortista. En febrero de 2017 se expulsó del país a los tripulantes del barco de abortos de la oenegé holandesa Women on Waves. Esta organización afirma en su página web que en Guatemala se realizan anualmente casi 65 mil abortos inducidos, sin indicar fuente alguna.

Más allá de la legislación guatemalteca, la gran mayoría de sus habitantes rechazan el aborto. Una encuesta realizada por Fundación Libertad y Desarrollo en 2019 reflejó que el 90 % de los guatemaltecos encuestados está en desacuerdo con legalizar el aborto.

Esto se evidenció el 2 de octubre de 2018, cuando miles de personas asistieron a la marcha “Guate por la Vida y la Familia”, una de las más numerosas ya realizadas en Guatemala. La multitudinaria marcha reunió a católicos, evangélicos y judíos que defienden la vida desde su concepción y que respondió al llamado de la organización civil, Transformemos Guate, el Arzobispo metropolitano, la Conferencia Episcopal de Guatemala, la Alianza Evangélica de Guatemala, la Asociación de Ministros de Guatemala y el Consejo Apostólico.

¿Quiénes se opusieron a Planned Parenthood Global Guatemala?

La Asociación La Familia Importa (AFI) fue una de las primeras en pronunciarse y denunciar el acuerdo ministerial 231-2020, así como el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien además solicitó que Guatemala se sume a la Declaración del Consenso de Ginebra, indicando que en Guatemala la vida se defiende desde su concepción.

El 29 de octubre, anterior a que se conociera la autorización para operar en Guatemala a Planned Parenthood, AFI inició un movimiento para que Guatemala se adhiera a la Declaración del Consenso de Ginebra.

A estas primeras voces se sumó un gran número de guatemaltecos que inundaron las redes sociales manifestando su rechazo con las consignas y hashtags #GuateAbortoNo #FueraPlannedParenthood y #GuateEsProVida, marcando una tendencia en Twitter para Guatemala el día 2 de noviembre.

Posteriormente, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, el vicepresidente Guillermo Castillo y el presidente Alejandro Giammattei publicaron en sus perfiles de redes sociales mensajes contundentes de rechazo.

“Soy un fiel defensor de la vida y soy enfático en indicar que no avalaré en mi Gobierno la creación, inscripción o puesta en marcha de cualquier organización que vaya en contra de la vida”, tuiteó el presidente.

No menos contundente fue el mensaje de la Alianza Evangélica de Guatemala: “Es evidente el malestar dentro de las filas de todas las personas que perseguimos que nuestra sociedad, antes de permitir decadencia en su cultura, se proyecte para crecer y defender a la familia y la vida desde su concepción, tal como lo expresa nuestra Constitución Política.”

¿Fue correcta la actuación del presidente y por qué es importante reformar la ley de oenegés?

El director jurídico de AFI, José Estuardo Córdova, dijo a Impunity Observer que además de la derogación del acuerdo ministerial, se pudo también iniciar un proceso de nulidad si la ONG hubiera llegado a aprobarse en el Registro de Personas Jurídicas.

“Creo que hubo negligencia de parte del Ministerio de Gobernación por no investigar quiénes son Planned Parenthood”, señaló.

El artículo 5 de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, decreto 02-2003, dice: “El acto de inscripción no convalida las disposiciones de sus estatutos que contravengan las disposiciones de esta Ley y de otras vigentes en el país”. De ahí que se puede interponer un recurso para anularla, indicó Córdova.

Por otra parte, para el director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz Romero, la decisión del presidente de revocar la inscripción de Planned Parenthood sin pasar por un juez y sin justificarla debidamente atenta contra el derecho a la libre asociación y “es una decisión absolutamente arbitraria y una de las más grandes violaciones al Estado de Derecho que podamos concebir”.

Si bien la población en general celebró la derogatoria del acuerdo ministerial, el problema de fondo es que Guatemala no cuenta con una ley que permita la fiscalización de estas organizaciones extranjeras para que actúen con apego a la legislación local y que se les pueda exigir que sus fondos sean utilizados exclusivamente para aquellas actividades para las cuales fueron autorizadas en el territorio guatemalteco.

Otro precedente es Oxfam America Inc., inscrita en el REPEJU el 5 de septiembre de 2013 y Oxfam Great Britain, inscrita el 1 de marzo de 2007.

Oxfam es una organización internacional que defiende el aborto y ha criticado a líderes mundiales y gobiernos que aún penalizan el aborto. Para ellos, así como Planned Parenthood, el aborto es una parte importante de la salud reproductiva y del empoderamiento de la mujer.

El decreto 4-2020 del Congreso de Guatemala, que reforma el decreto 2-2003, pretende que estas organizaciones no gubernamentales puedan ser fiscalizadas y rindan cuenta de sus actuaciones en el territorio nacional.

Luego de que varias organizaciones accionaran en contra del decreto 4-2020, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional y dejó en suspenso dichas reformas.

Mientras no exista una legislación que promueva la transparencia de las organizaciones extranjeras, los guatemaltecos seguirán desconfiando de ellas y rechazándolas ante cualquier sospecha.

Carmina Valdizán

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