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No es posible que un juez que fue designado para impartir justicia se pliegue por dinero al crimen organizado, y deje así en un total estado de indefensión a diferentes víctimas que claman justicia.
Al presentar una acción judicial, el agraviado espera lograr a la brevedad posible, la tutela judicial efectiva para garantizar el goce o la reparación de sus derechos constitucionales violentados, así como el castigo para el infractor de conformidad con la ley, a efecto de que pague con cárcel el crimen cometido.
De esa cuenta, la Constitución Política, así como las disposiciones en materia penal obligan a los jueces, a tramitar y resolver las contiendas que se les presentan con justicia y celeridad a efecto de evitar que el delito provoque un daño mayor o en su caso los hechos queden impunes u olvidados con el transcurso del tiempo.
Sin embargo, las garantías de objetividad e imparcialidad han sido socavadas por el juez Octavo de Instancia Penal, Erick Daniel García Alvarado, quien, en total contravención a los principios jurídicos de oficiosidad y debido proceso, ha utilizado la judicatura que preside para generar impunidad en favor de quien sea capaz de contribuir a sus requerimientos económicos.
De esa cuenta, usted verá que los casos que se tramitan en ese juzgado en su mayoría relacionados con sicarios, narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas, a pesar de los delitos cometidos y de la peligrosidad social de los infractores, son resueltos casi a la velocidad de la luz, favoreciendo a los imputados con desestimaciones, sobreseimientos o clausuras de los procesos.
En otros, aún con la clara existencia de evidencias en contra de grupos criminales, las solicitudes de aprehensión, allanamiento, secuestro o de cualquier otra de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, han sido denegadas o en su caso postergadas por más de ocho o nueve meses, esperando así la pérdida de todo elemento probatorio en favor de los acusados.
Personalmente he sido víctima y testigo de las ilegalidades que se tramitan en ese juzgado, por parte del juez Erick García Alvarado, quien se ha negado a impartir justicia y en su lugar, ha emitido una serie de resoluciones ilegales y fundamentadas en hechos falsos, con el único objeto de garantizar impunidad en favor de los sindicados muy seguramente a cambio de prebendas.
Los actos de corrupción de este juez, han causado un grave daño en los diferentes procesos que se tramitan, pues, tanto el Ministerio Público como los querellantes adhesivos hemos tenido que emprender una seria y dura defensa de nuestros intereses y los de la sociedad, pues, no es posible que un juez que fue designado para impartir justicia se pliegue por dinero al crimen organizado, y deje así en un total estado de indefensión a diferentes víctimas que claman justicia.
Como del cielo a la tierra no hay nada oculto, varios colegas y personas que han sido víctimas de extorción por parte de este juez me han comentado que el dinero solicitado lo han entregado directamente a una conviviente que, al parecer labora en un juzgado vecino y que parte del dinero recolectado está siendo utilizado para edificar su casa chica en la zona seis de esta ciudad.

RAUL FALLA

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