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Kidon

La semana recién pasada, se publicó el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia por virtud del cual se ordenó la creación e instalación de los juzgados pluripersonales de instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, con el aparente propósito de aliviar la mora judicial.

Digo aparente, pues, si el motivo real era buscar la justicia pronta y cumplida, bastaba con crear nuevos órganos jurisdiccionales que empezaran a recibir los procesos penales nuevos para su tramitación, hasta lograr igualar en número a los juzgados creados con anterioridad, en vez de volverlos pluripersonales, es decir, instalar a dos jueces en un mismo recinto judicial conociendo los mismos procesos.

La inconstitucionalidad radica en que no se realizó por parte de la Cámara Penal, el análisis técnico jurídico encaminado a establecer que dicho acuerdo violenta las garantías procesales del juez natural, así como el debido proceso, pues, debido a esa modificación los sujetos procesales serán juzgados por dos jueces que tendrán criterios jurisdiccionales distintos, y por ende podrán emitir dos resoluciones contradictorias, violentando así la certeza jurídica.

Además, se violentó la ley de la Carrera Judicial la cual establece el procedimiento para la designación de judicaturas, basado en méritos académicos y de experiencia en el servicio, pues, de la simple revisión que se haga de los nombrados, podremos llegar a la conclusión de que se trata de personal designado a dedo y que, por ende, carece de las aptitudes necesarias para resolver las contiendas que se les presenten.

Este malicioso plan, fue perfectamente estructurado por los magistrados Delia Patricia Dávila Salazar y Josué Felipe Baquiax Baquiax, quienes, en seguimiento a las directrices emanadas por la Fundación Mack, dieron rienda suelta para designar a cuanto juez afín pudieran someter a su control, para luego facilitar el juzgamiento de quienes representan un peligro para sus intereses.  

Dentro de los nombrados, tenemos a varios integrantes de la Asociación de Jueces por la Integridad, entidad presidida por el juez Aroldo Vásquez, un peón subordinado de Iván Velásquez y Thelma Aldana, y cuya asociación aglutina a jueces de la talla de Jazmín Barrios, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, Erick Daniel García Alvarado, Filiberto Rodrigo García Macz y Carlos Ruano Pineda, entre otros esbirros de ideología marxista.

Tenemos también, a feministas radicales que integran la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala, presididas por la magistrada Delia Patricia Dávila Salazar, dentro de quienes militan Patricia Gámez, Esther Mancio Reyes, Coralia Contreras Flores, Ruth Camey Equité, Wendy Coloma Alburez y Marjorie Azpurú Villela, las que se han caracterizado por aplicar el derecho penal del enemigo.

Todos ellos, con un claro enfoque radical de izquierda, así como plegados incondicionalmente a los obscuros intereses de la Fundación Mack y sus satélites, lo cual, convierte a estos juzgados en verdaderas trincheras ideológicas de impunidad, desde donde se lanzarán los más perversos ataques en contra de funcionarios públicos, jueces, magistrados, fiscales, empresarios, militares y abogados.

Lo más lamentable de todo es, que ni el abogado del Estado, es decir el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, ni el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se hayan pronunciado o en su caso impugnado el acuerdo de creación, por atentar directamente en contra del interés nacional y los derechos elementales de los imputados.

Al final, ese acuerdo constituye otro golpe en contra de la independencia judicial lanzado por parte de los enemigos de la libertad en busca de instaurar en el país un gobierno de las cortes, típico del que se vive en países de corte socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua, lo cual, desde ningún punto de vista debemos permitir.  

Recuerden: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. “Montesquieu

RAÚL FALLA

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