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Sin lugar a dudas el decomiso de la cantidad de 122 millones de quetzales en una vivienda de la Antigua Guatemala, realizado por el Ministerio Público, demuestra los altos niveles de corrupción que se encuentran enraizados en el Estado guatemalteco; la corrupción es mortal para los pueblos, producto de ésta se mantienen altos niveles de pobreza, desnutrición, falta de salud, de educación, etc, porque mucho de lo poco que se logra recaudar en nuestro país, a través de los impuestos, va a parar a los bolsillos de malos funcionarios que únicamente buscan la manera de enriquecerse, sin importarles el pueblo.

En el mundo hay criterios unánimes en cuanto a los efectos que produce la corrupción en los pueblos, ésta amenaza la estabilidad política, agudiza la crisis de legitimidad del sistema político, interfiere en los mecanismos para la adecuada asignación y administración de los recursos públicos, afecta la seguridad de las sociedades, acentúa las desigualdades sociales al anular las políticas gubernamentales orientadas a combatirlas, comprometiendo el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; en otras palabras, debilita la democracia como sistema político y de vida. (Arcila Niño: 2000).
Nuestro país tiene una institucionalidad débil, la cual debe de ser fortalecida para promover la transparencia y combatir eficazmente la corrupción, para eso es necesario fortalecer nuestros órganos de control externo, principalmente la Contraloría General de Cuentas –CGC– y el Ministerio Público, para que ambas instituciones cumplan de manera efectiva con sus atribuciones legales, una, la de fiscalización de los recursos del Estado y la otra, la investigación y persecución legal.

El Ministerio Público va avanzando paso a paso en su fortalecimiento institucional, si bien falta mucho por hacer va en el camino correcto, este no es el caso de la Contraloría General de Cuentas, en donde pasan y pasan contralores generales y sigue esta institución sin cambio alguno, ¿Qué demuestra este decomiso de los 122 millones de quetzales? Que hay una sobrevaloración de obras y de compras en muchos de los ministerios del gobierno central, se llevan a cabo muchas licitaciones y cotizaciones y la contraloría brilla por su ausencia o hay acuerdos bajo la mesa y cuando se hacen los reparos, siempre son dirigidos a las personas vulnerables que son nombradas en las licitaciones y cotizaciones y que, en muchos de los casos, estos no tienen nada que ver, y es más, aunque no quieran participar en estos eventos, no les queda otra opción más que participar por la necesidad de mantener un trabajo; sin embargo, en el contexto guatemalteco, la constate ha sido la inefectividad e inoperancia de las acciones a que está obligada por ley la CGC, para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción a todo nivel en el Estado.

Esto obliga a una reforma de fondo de la Contraloría General de Cuentas, en la que los diputados deben entender que hay que despolitizar el nombramiento del Contralor General, reformar su ley orgánica y adecuarla a la realidad actual, dejar de mantener una presión sobre el Contralor General, para evitar que algunos funcionarios, tanto del Ejecutivo, del Congreso o ediles sean auditados; de seguir sin controles internos en la CGC, a través de un departamento que sea capaz de fiscalizar las acciones de los malos auditores que son complacientes con los funcionarios, cada día veremos como el nivel de corrupción se incrementa mucho más y podría alcanzar limites inimaginables.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Lic. Julio Rivera Claveria

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